visita

MUJER SIN CADENAS es un blog de "Crisálida Perenne", que es una marca registrada de acuerdo a las leyes mexicanas.

México

México

Página Web Crisálida Perenne

martes, 28 de agosto de 2012

Carlos Castresana: Experto en Violencia de Género y maltratador de mujeres




Organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, académicas y periodistas enviarán en los próximos días una carta dirigida a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Chihuahua, para manifestar su oposición a la eventual contratación de Carlos Castresana Fernández como asesor en el caso Campo Algodonero, toda vez que pende sobre él una acusación de violencia familiar interpuesta por su ex esposa, la periodista Sanjuana Martínez. 

¿Quién es Carlos Castresana?
Castresana Fernández tiene una historia polémica, así que comenzaremos con un breve resumen de  su trayectoria profesional:

Abogado nacido en Madrid, España en 1957. Se convirtió en Magistrado y Juez, en los años de 1986-1989, ingresó por oposición en la Carrera Fiscal, en las Fiscalías Especiales Antidrogas y Anticorrupción de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en España, se convirtió en Fiscal del Tribunal Supremo de España en el año 2005, antes de llegar a Guatemala fue coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (ONUDC), en Monterrey, Mexico. En Guatemala fue Comisionado Internacional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- desde septiembre de 2007 hasta julio de 2010.

Criticado por sus expresiones agrias en cuanto a las democracias y libertades en muchos países de Latinoamérica, Carlos Castresana en 1996 inició el juicio por crímenes de lesa humanidad amparado en los principios de Nuremberg en contra de Augusto Pinochet ex presidente de Chile. En Argentina, en respuesta a las críticas que le hiciera el ex presidente Carlos Menem, dijo: “Hay conductas que ofenden al conjunto de la comunidad internacional, que se han cometido contra seres humanos en algún lugar del mundo y deben ser juzgados en algún lugar del mundo”. En Perú criticó la forma como se llevan los juicios y dijo: ”En el Perú hay una democracia de papel”. 


En Guatemala, Carlos Castresana dejó una mala impresión entre los ciudadanos, por la “conducta deshonrosa” con la que se desenvolvió en la investigación del asesinato de Rodrigo Rosemberg Marzano, en la que exculpó a una serie de funcionarios públicos que se veían involucrados en sus denuncias y asesinato.


Más información sobre este sujeto: 

Abuso de poder: 
La periodista Sanjuana Martínez fue detenida la mañana del 5 de Julio pasado en su domicilio por tres elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, miembros de la policía estatal, quienes, con amenazas y amagos de armas largas, la subieron a la patrulla 206. Sin decirle el motivo del arresto y sin mostrarle una orden de aprehensión los policías la trasladaron a un lugar confinamiento.




Luego, a la abogada de la periodista se le presentó una orden de aprehensión girada por la jueza Luz María Guerrero Delgado, del Juzgado Quinto de lo Familiar de San Pedro Garza García.


El arresto era administrativo y por “juicio de convivencia” con su ex marido, el juez español Carlos Castresana Fernández, quien interpuso una demanda para quitarle a sus hijos. Sanjuana Martínez tiene en curso un proceso de divorcio, por lo que es ilegal de acuerdo con las leyes de Nuevo León, que se reclame a los hijos hasta que esa situación no esté terminada.


Sin embargo, el arresto se realizó como si fuera un asunto penal cuando el caso es civil, lo que es grave.


La detención de la periodista colaboradora de La Jornada y de SinEmbargo.mx, entre otros medios,  generó un gran número de reclamos por parte de los usuarios de Twitter, que en aquella ocasión convirtieron la etiqueta “Sanjuana Martínez” en tema del día.


La jueza Guerrero Delgado, quien ordenó la aprehensión de la periodista,  es la misma que ordenó en septiembre de 2008 el allanamiento del albergue para mujeres víctimas de violencia física, “Alternativas Pacíficas”, también en San Pedro, para llevarse a dos menores de edad y entregarlos, ilegalmente, al padre de las criaturas.


En esa intervención, las autoridades judiciales de Nuevo León incluso se llevaron secuestrada a la directora de esa ONG, María del Mar Álvarez Morales.


Luego se demostró que era un allanamiento ilegal para favorecer a un agresor con mucho dinero y poder en esa comunidad, cuya esposa estaba recluida ahí, en violación de la Constitución y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que también transgredió la confidencialidad del albergue y la custodia otorgada a la madre, refugiada en el centro de atención a mujeres maltratadas.


La jueza, añadieron, tiene un largo historial al favorecer agresiones específicamente contra mujeres y está demandada por “Alternativas Pacíficas”. Todo este caso,  fue cubierto precisamente por Sanjuana Martínez. 


Desde hace más de un año, la periodista mexicana pidió ayuda a las abogadas de “Alternativas Pacíficas” porque el juez Castresana la amenazó con trasladar a sus hijos a España. La jueza Guerrero le pidió se los entregara, pero ella acudió al refugio para ser asesorada, ya que el juez español tenía incluso listos los pasaportes para llevarse a los niños.


Claramente, expusieron los abogados de la periodista,  en este caso se exhibe un tráfico de influencias en ese juzgado para forzar a Sanjuana Martínez a entregar a los niños, pues en lugar de seguir los cauces legales,  de pronto se favorece al padre con un arresto SIN  fundamento legal.


Es insólito, porque incluso en los casos donde los hombres son agresores, nunca se ha visto una detención de un hombre amagado con pistolas y llevado bajo amenazas ante un juez y,  por lo tanto, es un caso de  abuso de autoridad.


Fiscal para el caso de Ciudad Juárez: 
El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) concluyó que los homicidios de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice –cuyos restos fueron encontrados en el “Campo Algodonero”– ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra las mujeres, y que durante la indagación de los hechos existió impunidad, por lo que condenó al Estado mexicano. 

Hasta el momento, las investigaciones para dar con los responsables de esos crímenes siguen igual que hace 11 años, cuando ocurrieron lo hechos, por lo que hace algunos días,  la Fiscalía Especializada informó que se gestiona la contratación de cinco peritos internacionales para coadyuvar en el caso, y entre quienes se encuentra Carlos Castresana. 

Lucía Melgar, especialista en género, precisó que su oposición para nombrarlo fiscal se debe al hecho de que se invite a participar –con recursos públicos– en instancias que se ocupan de la violencia contra la mujer a cualquier persona con antecedentes de maltrato. 

El mensaje que envían los funcionarios –dijo– es de simulación; están diciendo: no importa, podemos seguir actuando igual que siempre. 

Señaló que la unión de diversos organismos y académicas es para expresar la importancia de plantear que haya relación entre las conductas privadas y las públicas, ya que las conductas privadas de las personas hablan sobre su coherencia en cuanto a sus principios. 

Melgar refirió que hay cuatro personas más altamente calificadas en la terna en la que se propone a Castresana como perito que bien podrían ocupar ese puesto. 


Es hora de que la sociedad mande un mensaje a las instituciones, las diputadas y las funcionarias, de que si realmente se quiere resolver el problema de violencia contra las mujeres debe existir un mínimo de coherencia. No queremos funcionarias autoritarias ni oficinas donde haya acoso, ni expertos sobre los cuales pende cuando menos una acusación. 

Asimismo, Gloria Ramírez, académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, acusó que es incoherente que para investigar el feminicidio en la urbe fronteriza las autoridades contraten a un experto en violencia de género que en la vida cotidiana está acusado de violencia familiar, y que además se colude con “jueces y autoridades violentadoras de mujeres”, en alusión a las agresiones que ha sufrido Sanjuana Martínez. 

Gloria Ramírez, también coordinadora del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, afirmó que la juez Luz María Guerrero del Juzgado Quinto de lo Familiar de San Pedro “está en alianza con Carlos Castresana”.  Agregó que son de conocimiento público las acciones de violencia contra mujeres por parte de esta juez, tales como la violación de la secrecía del albergue para mujeres víctimas de violencia Alternativas Pacíficas, en la ciudad de Monterrey, y la detención de su directora, María del Mar Álvarez. 

Ramírez dijo que el llamado de la academia es una exigencia de coherencia a las autoridades, porque no se puede contratar a un experto en un caso tan delicado para las y los mexicanos como lo es el del “Campo Algodonero”. 

Abundó que a todas luces no sólo se violentan cuestiones éticas, sino que se favorece a Carlos Castresana como un experto que conoce todos los mecanismos jurídicos contra la violencia de género, pero que los usa a su favor e incurre en abuso de poder en colusión con los impartidores de justicia. 
Y que “sobre todo mantengan una ética coherente con la alta y delicada labor que significa la atención a víctimas de violencia de género y feminicidio, la impartición de justicia o la elaboración de políticas públicas relativas a este tema”. 

En el boletín correspondiente a este mes de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Derecho Humanos de la UNAM,  apareció con el título de acción urgente un texto en el cual los firmantes indican: “manifestamos nuestra preocupación ante la agresión sufrida por la periodista Sanjuana Martínez, por un asunto de violencia que a todas luces puso en evidencia el abuso de poder y la alianza de Carlos Castresana con las autoridades que detuvieron arbitrariamente a la comunicadora; hacemos un llamado a la opinión pública para que los investigadores y expertos que desee contratar la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por razones de Género seleccione personas que no tengan antecedentes de agresión, sobre todo que mantengan una ética coherente con la alta y delicada labor que significa la atención a las víctimas de violencia de género y feminicidio”. 


Firmantes que se oponen: 
Ante las gestiones de autoridades federales y del estado de Chihuahua para que Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España, sea perito en la investigación del feminicidio en “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, académicas y activistas exigieron al Estado mexicano que sea “coherente”, y no contrate a “violentadores de mujeres” como coadyuvantes en la indagación del caso. 

El Observatorio Ciudadano emitió la “Acción urgente maltratadores fuera de las instituciones”, en el que académicas y defensoras de Derechos Humanos (DH) hicieron un llamado a la opinión pública, funcionarias, funcionarios encargadas de instancias de justicia y de defensa de los derechos de las mujeres, para que las y los expertos que desee contratar la Fiscalía Especializada de Chihuahua o cualquier otra instancia encargada de investigar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres “no tengan antecedentes de agresión”. 

En la acción urgente de las académicas se publica la liga del sitio www.change.org, en el que activistas demandan la expulsión o cese de sus funciones del fiscal Carlos Castresana en una solicitud titulada “Maltratadores estén fuera de las instituciones”.  Enlace: http://www.change.org/es/peticiones/maltratadores-fuera-de-las-instituciones

La página web, creada en España, sostienen que el Fiscal en su país el “señor es conferencista y especialista en violencia de género mientras usa, en el país hermano (México), para defenderse a los abogados de los más famosos narcos”. 

Entre las firmas de dicha petición para que el fiscal español sea retirado de sus funciones, se encuentra la de la doctora en Sociología, especialista en feminicidio, Julia Monarrez, también profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Ciudad Juárez, y quien señala que su adhesión es “porque Sanjuana busca la justicia para otras y otros. Ella también necesita vestirse de justicia. No a Castresana”. 

Marisela Ortiz, fundadora de la organización chihuahuense Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señala: “Estamos en contra de la impunidad y luchamos por erradicar todo tipo de violencia. Castresana no puede ostentarse como defensor de las mujeres cuando ejerce la violencia en contra de ellas. Basta de farsa”. 

Irma Saucedo, feminista y especialista en violencia de género, expresa que “no existirá democracia en ningún país mientras haya hombres poderosos que abusan de su poder y funcionarios públicos corruptos, omisos o simuladores”. 

Entre otras firmantes de la solicitud contra el fiscal español están las defensoras de DH Isabel Vericat y Mariaurora Mota, la investigadora Clara Fleiz, y Bertha de la Maza. 

La Fiscalía apoya a Castresana 
En tanto, la Fiscalía continúa con las gestiones para contratar a cinco peritos internacionales para dar con los responsables de los asesinatos de las tres mujeres en Campo Algodonero, ya que hasta ahora las investigaciones siguen igual que hace 11 años, cuando ocurrieron los hechos. 

Karla Michelle Salas, abogada especializada en violencia de género y experta en casos de feminicidio, sostuvo que el proceso para la contratación de los especialistas continúa bajo el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Precisó que las y los especialistas no revisarán sólo los casos de la sentencia de la Corte, sino también los de otras mujeres desaparecidas en la entidad. 

Salas aclaró que para las y los abogados y las madres de las víctimas es muy importante la participación del fiscal Castresana, toda vez que él es el único de las y los especialistas que conoce el contexto de feminicidio en Chihuahua, tiene una experiencia previa en revisión de expedientes y trabajo de campo en la indagación de violaciones a los Derechos Humanos con resultados positivos. 

A lo anterior se suma que Castresana ya fue perito en el caso Campo Algodonero, por lo que conoce los expedientes y eso es un elemento muy importante, a decir de la abogada. 

Si bien la idea es encontrar a los culpables y llevarlos a la justicia, en el caso de las desaparecidas el objetivo es encontrarlas y rescatarlas con vida”, acotó Michelle Salas. 

Agregó que para la contratación de los peritos externos el gobierno federal cuenta con un millón de pesos etiquetados este año por la Cámara de Diputados, para cumplir con las sentencias contra México dictadas por la CoIDH. 

¿Un maltratador de mujeres como fiscal en un caso de violencia contra las mujeres? 
Carlos Castresana es un hombre que intimida y que utiliza su poder para atentar contra su ex compañera. No puede ser el mismo que investigue la verdad en un caso de violencia feminicida, porque no cuenta con la calidad moral para ello, y porque la violencia contra las mujeres es un delito y quien delinque no puede ser el mismo que investigue a otros delincuentes. 

Públicamente, Castresana defiende los Derechos Humanos, logra prestigio académico por investigar la violencia contra las mujeres, da "conferencias magistrales" sobre Derechos Humanos, escribe artículos compartiendo su sabiduría y opinión sobre temas diversos, pero en la vida cotidiana es un hombre violento,   y de esa manera no puede mantenerse en el escenario público atentando contra lo que él pregona en público. 

Es como poner a un ladrón, asesino o torturador a investigar homicidios, asaltos y defender los Derechos Humanos. 

El patrón que siguen los maltratadores de mujeres que tienen poder (y abusan de él), es el de aparentar en público que son buenas personas, responsables, honestas, exitosas… aunque en su vida privada atenten contra los derechos de quienes le rodean. Tal es el caso de muchos hombres, “poderosos” y abusadores,  que hacen uso de sus influencias y de la corrupción para agredir a sus perejas o ex parejas y quedar en la impunidad, como el caso de otro victimario “honesto y exitoso” llamado Martín Alberto Medina Sonda, quien recientemente encarceló a su esposa Ema (http://mujersincadenas.blogspot.mx/2012/08/caso-emma.html), le arrebató a sus hijos de forma cruel e ilegal y, hasta ahora, nadie sabe nada de los niños,  mientras la madre cumple  tres meses en prisión. 



Maltratadores fuera de las Instituciones 

No puede ni debe valorarse, exclusivamente,  la experiencia profesional y académica de Castresana (aunque también deberían revisarse los resultados que este señor dio en sus trabajos anteriores, como en Guatemala). El Estado, la Fiscalía o quien quiera contratarlo para el caso del Campo Algodonero, debe valorar también la calidad moral y ética, que este individuo posee, según su historial personal.


El Estado no puede permitirse ser usado para proteger a NINGÚN agresor, ni debe fingir  acciones de justicia, por el contrario, debe colocar en el máximo nivel de prioridad nacional salvaguardar la vida de las mujeres y terminar la impunidad. 

En otras palabras, proponer a  un maltratador de mujeres  como investigador en un caso tan delicado y tan olvidado por el Estado como son los feminicidios del Campo Algodonero es una aberración y, por lo tanto, Castresana debe ser retirado. 




Fuentes: 

((()))

¡No te pierdas esta historia!

¡No te pierdas esta historia!
PRÓXIMAMENTE

¿DIVORCIO A LA VISTA? ¡PREPÁRATE!

Nuestro perfil en Facebook

Nuestro perfil en Facebook
Noticias y Actualizaciones diariamente

Dale LIKE y ÚNETE

Dale LIKE y ÚNETE
Fan Page

Visita el blog Crisálida, una esperanza perenne...

Visita el blog Crisálida, una esperanza perenne...
Con más artículos informativos

GUATEMALA: ¡DENUNCIA!

ARGENTINA

CHILE

URUGUAY

ESPAÑA

No lo maquilles!

Cristina Siekavizza (Reportaje sobre su desaparición)

Mindy Rodas: ejemplo brutal de violencia contra la mujer

TWITTER

Artículo en Mujeres Publimetro

Mi colaboración en Mujer Af

Powered By Blogger